Orientaciones para una Reforma del Estado panameño

Cuando hoy hablamos de la Administración Pública en general, la gran mayoría de los ciudadanos considera que esta es ineficiente, que presenta características de una organización influencia e inundada de la política partidista, del clientelismo político, el exceso de discrecionalidad del Gobierno y un recurso humano poco capacitado, con ausencia de estabilidad laboral, lo cual afecta el desarrollo económico y social del país y nos ha llevado al debilitamiento de las instituciones democráticas. El país requiere de una reorganización y reformas que debe impactar en la vida de los ciudadanos, reformas que empiezan con un cambio en el compartimiento de los ciudadanos, educarse sobre como funciona el Estado, comprender la organización del gobierno, pero además participar activamente en las actividades públicas que son abiertas a escuchar nuestras opiniones. Flávio Cunha nos indica que las políticas de reforma administrativa se reconocen como casos típicos. de políticas públicas que muchas veces no alcanzan sus objetivos. La experiencia apunta a un esfuerzo continuo por parte de los gobiernos en el sentido de implementar "nuevas políticas" para hacer frente a la crónica problemas de rendimiento de aparato burocrático Si revisamos nuestra historia política nos daremos cuenta de que en nuestro país no ha habido grandes reformas administrativas; En 1970 tanto en América como en Europa, las crisis económicas, la escasez fiscal dieron impulso a agendas políticas más conservadoras, buscando un cambio de paradigma con gobiernos más simples y eficientes, y no realizamos ningún cambio en la Administración Pública. En la década de los ochenta del siglo el país se vio agobiado por una crisis política, agudizada por la represión brutal de la dictadura militar, con gobiernos que poco realizaron en establecer reformas. Mientras el país se desangraba a finales de los ochenta, en otras latitudes como bien señala Leonardo Secchi, las administraciones públicas de todo el mundo llevaban cambios sustanciales en las políticas de gestión y en el diseño de organizaciones programáticas. Estas reformas administrativas consolidaban nuevos discursos y prácticas derivadas del sector privado, los cuales eran utilizados como referentes para las organizaciones públicas en todos los ámbitos de gobierno. Esta descripción hace comparar lo que en 1907 Teodoro Roosevelt, señaló sobre la Administración Pública en los Estado Unidos; y que hoy bien puede aplicarse a nuestro país: “el poder ejecutivo ha crecido completamente sin un plan, se ha convertido en un cliché estándar considerar que la burocracia creció, “como topsy” al azar sin unidad de pensamiento”. Nuestro país en materia económica ha mantenido siempre altas tasas de crecimiento económico en comparación a otros países de la región, y para este año 2023, con un estimado de crecimiento del 5%, todavía hoy mantenemos altos niveles de pobreza, informalidad laboral, alto costo de la vida, deterioro de la atención de educación y salud, agua potable, recolección de la basura, aguas servidas, transporte público, degradación ambiental, derroche energético, entre otros”. Problemas que persisten en gran medida por la falta de efectividad del sistema política, que actúa en desconexión de lo que deben ser una buena gestión pública. Y es que hoy en Panamá todavía persisten un modelo burocrático central, que impide claridad de la realidad del país, lo que genera un choque con el empuje del sector privado; agravándose más la crisis por la falta de transparencia, el alto nivel de percepción que afecta la imagen reputacional del país. Hoy es fundamental las palabras de James Mach y Johan Olson, quienes señalan que la efectividad de los sistemas políticos depende sustancialmente de la efectividad de las instituciones administrativas, y del diseño y control de las estructuras burocráticas. El primer gran paso para una reforma del Estado panameño es identificar cuales son los modelos de gestión pública que tenemos; para luego ir rediseñando un solo modelo de gestión que se base en la planificación, coordinación, reclutamiento eficiente del recurso humanos, dirección y control de los recursos financieros y humanos, promoviendo siempre el respeto a los derechos y garantías fundamentales tutelados en el Título III de nuestra Constitución Nacional. Un segundo paso importante es darle valor a la Ley de la Carrera Administrativa, someter a revisión el perfil profesional y académico, sus años de servicios, de cada uno de los servidores públicos, en especial a aquellos que no forman parte de la carrera administrativa, y abrir a concurso la mayor cantidad de puesto que sea posible. La calidad del funcionariado público es un prerrequisito para la implementación exitosa de las reformas económicas y sociales necesarias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ellos están al frente de las instituciones, interactuando de manera cotidiana con el resto de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y con las empresas, de manera que su calidad e integrad afectan los servicios que prestan (PNUD:2019). En palabras más sencillas si tenemos una buena administración pública, podemos atender con mayor efectividad los problemas de población, podemos reducir la pobreza, tener trabajos decentes y crecimiento económico.